La verdad dolorosa
¿Qué hacer ante este panorama? ¿Hay alguna vacuna contra esta embestida ideológica? Lo primordial es advertir que no estamos solamente ante un debate de ideas, enfrentando a Hayek y a Marx o a Marta Harnecker contra Carlos Rangel, sino ante la difícil tarea de reconciliar a la sociedad latinoamericana con el Estado democrático liberal, basado en el mercado y en el Estado de Derecho, y eso sólo puede lograrse si se alcanzan resultados palpables en un tiempo razonable. Esto, por ejemplo, es lo que sucedió en Chile o en España, donde el constante incremento de la calidad del funcionamiento del Estado y el progreso creciente experimentado por la sociedad – la pobreza se redujo en más de un cincuenta por ciento- han aumentado notablemente los niveles de satisfacción con el modelo de convivencia político-económico, y ya son muy pocas las personas que plantean excentricidades disparatadas como las que se escuchan en los círculos radicales latinoamericanos.
¿Cómo tiene que funcionar un Estado para que se produzca la adhesión emocional de los ciudadanos y se disipe el riesgo del fatal desbarajuste revolucionario? Es fácil describirlo: basta con observar lo que hacemos en casi toda América Latina y movernos en la dirección opuesta:
– Todos, comenzando por los funcionarios electos, tienen que someterse al imperio de la ley o pagar el precio de no hacerlo. Lo que hace grande a una sociedad como la norteamericana, la canadiense o las más exitosas naciones europeas es the rule of law. Nadie está por encima de la ley. Sin seguridad jurídica es imposible el desarrollo a largo plazo.
– Tiene que impartirse justicia de forma razonablemente rápida e imparcial. La legitimidad de los monarcas en la Edad Media no dependía tanto del origen divino que se les atribuía, sino de su jurisdicción, es decir, de que impartían justicia con probidad en un territorio dado. Lo menos que espera un ciudadano de la autoridad a que está sometido es que se le haga justicia, se solucionen los conflictos pacíficamente y se castigue a los culpables.
– Los parlamentos no pueden seguir siendo fábricas de privilegios al servicio de los partidos o de los poderosos. No pueden cambiar las reglas cada vez que le conviene al gobierno de turno.
– Hay que mejorar sustancialmente la seguridad de las personas y protegerlas de la violencia de los delincuentes. Las fuerzas de orden público, que son la expresión más visible de la autoridad, tienen que ser percibidas con simpatías, no con temor.
– Hay que erradicar la corrupción o, al menos, convertir ese flagelo en un hecho excepcional. No es una casualidad que en los tres países latinoamericanos donde hay menos corrupción (Chile, Costa Rica y Uruguay) la democracia sea más estable. No es verdad que la corrupción no se puede frenar súbitamente. Se hizo en España tras el triunfo de José María Aznar. Si la cúpula dirigente da el ejemplo y castiga sin vacilaciones a los corruptos, el resto del aparato de gobierno comenzará a imitarla y pronto esa conducta se convertirá en un modo universal de comportamiento. No se trata de un problema cultural o étnico: uruguayos y argentinos tienen el mismo origen y los niveles de corrupción en Uruguay son mucho menores. Los chinos de Singapur son infinitamente más honrados que los de la China comunista.
– La burocracia tiene que transformarse en un verdadero servicio público, ágil y amistoso, sujeto a la autoridad de los usuarios, jerarquizado con arreglo a los méritos de quienes lo integran, y donde no opere el favoritismo.
– La transparencia y la rendición de cuentas deben ser los signos de identidad de los funcionarios públicos, desde el presidente hasta el último burócrata. Todas las transacciones deben ajustarse a las reglas, publicarse en internet y ser supervisadas por órganos competentes nacionales o internacionales.
– Hay dos servicios públicos esenciales para el buen funcionamiento de cualquier sociedad: la salud y la educación. Ambos hay que percibirlos como lo que realmente son: inversiones en la calidad general de vida de la sociedad. Si las personas perciben que estos dos servicios alcanzan cierta calidad, la tendencia general será a respetar al Estado que los proporciona. La escuela pública, además, si comienza en el parvulario, es un lugar ideal para combatir la desnutrición que afecta a los niños más pobres y les hace prácticamente imposible desarrollar la inteligencia y las habilidades potenciales que posean.
– Y hay otros cinco elementos materiales que transmiten a los ciudadanos la noción de que viven en un Estado que deben preservar porque les resultará conveniente: el agua potable, el alcantarillado, la electricidad, las comunicaciones, el transporte y el acceso a una vivienda digna, síntomas todos que caracterizan a los sectores sociales medios.
En realidad, ninguno de estos factores son derechos que poseen los ciudadanos -pese a las frases demagógicas que se deslizan en las constituciones-, dado que se trata de bienes y servicios que hay que costear con los excedentes del trabajo producido por la sociedad, pero son cohesivos que fomentan la unidad nacional, aminoran los conflictos y abonan el terreno para la creación de un clima social que propenda a la paz y a la creación de riquezas. Es, en suma, el mundo feliz e ilusionado dominado por la abrumadora presencia de las clases medias, únicos grupos que pueden garantizar la estabilidad y, por ende, la supervivencia de las democracias liberales.
(continua)
Publicado em “Libertad Digital”
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