En estos primeros días del 2011 vivimos una suerte de resaca legislativa. La avalancha de leyes aprobadas por la Asamblea Nacional saliente durante los días navideños arroja, en su conjunto, un saldo bastante negativo para la vida ciudadana en Venezuela. En líneas gruesas puede decirse que ahora tenemos una ciudadanía con menos libertades, que hace apenas semanas atrás, mientras que el Estado –pero muy especialmente el Presidente- cuenta ahora con mayores facultades para tomar decisiones en el ámbito de derechos humanos y dinámicas institucionales. En diciembre de 2010 ha terminado de consolidarse en Venezuela un Estado hecho a la medida de Hugo Chávez.
El conjunto de leyes aprobadas en diciembre simbolizan un serio retroceso democrático, para un modelo político ya menguante, como lo vienen a demostrar algunas payasadas que nos ha tocado presenciar. La decisión presidencial de vetar la Ley de Educación Universitaria refleja el tragicómico momento que vive la nación. El mismo presidente Chávez, como cabeza del poder ejecutivo, autoriza a que un proyecto no discutido con el sector universitario sea enviado con carácter urgente a la Asamblea Nacional. El proyecto se introduce en la agenda sin que los parlamentarios tengan oportunidad de revisarlo; la orden de Miraflores era clara, y en consecuencia los diputados oficialistas la aprueban. Sí, la aprueban sin siquiera discutirla cabalmente dentro del Palacio Legislativo. Como ha bautizado Teodoro Petkoff a este parlamento que concluyó funciones el 5 de enero de este año, nunca ha quedado mejor llamarle la jaula de las focas. El jefe de Estado, seguramente orientado por alguna sala situacional, decide vetarla. Pocas horas después vemos refrendando esta decisión presidencial a muchos de los diputados que levantaron acríticamente la mano para aprobar el proyecto en el seno de la Asamblea Nacional. Este show simboliza posiblemente mejor que ninguno a la revolución bolivariana.
El alivio que se ha vivido en un sector importante del país, por este veto presidencial a la ley de universidades, no puede dejar pasar el significativo hecho que se aprobaron una veintena de leyes, que éstas sí han sido refrendadas por el jefe de Estado y que implican restricciones de todo tipo para la vida ciudadana y política en Venezuela.
Entre los asuntos neurálgicos está la ampliación a Internet de la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión, con mayores sanciones a la expresión crítica contra el gobierno; la nueva ley de telecomunicaciones cambia de forma sustancial las reglas de juego para las empresas del sector; la nueva ley de bancos que limitará el consumo y además le da poder al ejecutivo para la intervención de las entidades; la configuración del Estado comunal –en realidad es un Estado más presidencial que el actual- que le sustrae funciones y atribuciones a alcaldías y gobernaciones, saltándose la voluntad popular que eligió a alcaldes y gobernadores para cumplir un mandato; la propiedad privada –que es un derecho reconocido por nuestra carta magna- es reinterpretado en este nuevo entramado legal para dejarlo a discreción del poder ejecutivo; los nuevos diputados oficialistas estarán obligados a ser focas sin obedecer su conciencia como lo señala la constitución de 1999; los ciudadanos sólo podrán ver a través de las señales oficialistas lo que ocurre dentro del Palacio Legislativo; y el propio Parlamento tendrán menos sesiones, mientras se le han concedido superpoderes legislativos al presidente por un lapso tan prolongado de 18 meses; las organizaciones no gubernamentales serán sancionadas por recibir fondos del exterior o por organizar eventos en los cuales se le hagan críticas al gobierno, si éstas provienen de expertos foráneos. Un balance de todo este paquetazo legislativo nos dice, sin duda alguna, que quienes ejercen el poder, en Venezuela, se han colocado al margen de la carta magna y han desconocido la voluntad popular que se expresó claramente en las urnas el pasado 26 de septiembre en los comicios parlamentarios, en los cuales los votos que adversan al proyecto chavista llegaron a sumar 52 por ciento.
Desde los sectores democráticos de Venezuela debemos hacer frente, de forma decidida, a lo que puede catalogarse de golpe a la Constitución Nacional. Debemos enfrentar, sin caer en provocaciones, a un gobierno que ante la notable pérdida de popularidad insiste en imponerse como si fuese mayoría, pese a que las urnas han evidenciado –como el pasado 26 de septiembre- que voto a voto la oposición democrática es la verdadera mayoría en este momento crucial que vive la nación. La meta de este 2011 es resistir, defendiendo diversos enclaves democráticos que de forma obstinada se mantienen en el país (universidades, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y en particular de derechos humanos, etcétera).
El gobierno teme al 2012, porque por primera vez el presidente Chávez tiene posibilidades serias de ser derrotado en las elecciones presidenciales de ese año. Los demócratas de Venezuela debemos continuar trabajando para llegar a él y en las urnas marcar un cambio de rumbo para la nación.
Publicado em Cadal.org
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