En los años 70 y comienzos de los 80, la democracia en América Latina era un bien escaso. En contraste con esto, los años 90 vinieron acompañados por una fuerte ola democrática que involucró a casi todos los países de la región. Las tendencias políticas que, en el pasado, tensionaron a la democracia por la izquierda (vía revoluciones socialistas) y por derecha (vía dictaduras militares) se habían agotado. La política de la región se expresaba ahora a través de elecciones democráticas -aunque con excepciones ejemplares, como el caso de Cuba-. La convicción que guiaba los corazones y mentes de los ciudadanos en aquella época era la de que el ejercicio de la democracia electoral se traduciría automáticamente en democracias consolidadas en todos los aspectos. Las velocidades de esta dinámica en cada país podía ser diferente, pero no existían dudas con respecto a la consolidación de la democracia como destino final. La primera década del siglo xxi no confirmó aquel optimismo. Lentamente, esa única tendencia de los años 90 se fue desdoblando. Las amenazas a la democracia, que en tiempos anteriores provenían de afuera de sus fronteras, comenzaron a venir desde adentro. La democracia comenzó a tensionarse nuevamente y dos tendencias políticas principales tomaron cuerpo en su interior. Ambas tendencias se presentaron retóricamente como mentoras de la democracia, pero una estableciendo una relación subordinada de la política con la ley y el Estado de Derecho, y la otra, apelando al papel del líder o del grupo gobernante como instancia superior a los marcos legales existentes. En rigor, tales tendencias expresan formas intrínsecas del juego político y las democracias consolidadas consiguen, sin mucho esfuerzo, mantener las dos dentro del mismo “plato”. Pero no es esto lo que se observa en América Latina. Los diversos países de la región aceptan hoy sin restricciones la legitimidad de las elecciones como base de la democracia, pero se observa un choque estratégico entre dos culturas o visiones de la democracia que poco a poco colonizan a los países en un sentido u otro. Aquí no importa tanto la taxonomía que se utilice para distinguir dichas tendencias, importa verificar que exista una ruta de conflicto entre ellas. En la región ya no tenemos procesos convergentes de consolidación democrática, aunque sea con diferentes velocidades. Si fuese así, el futuro democrático estaría garantizado, ya que los países de consolidación más rápida arrastrarían a los más lentos y, al final, todos llegarían. En cierta forma fue eso lo que ocurrió en la Unión Europea, en relación con los países de Europa del Este. En ese contexto, no estaba en discusión la visión o dirección de la democracia, sino los tiempos de su consolidación. Pero en nuestro continente tenemos un conflicto entre dos tendencias que se excluyen y van en direcciones opuestas. La democracia perdió el significado unívoco que pareció tener en los años 90.  La experiencia y el pensamiento político occidental muestran claramente que el ejercicio electoral pierde legitimidad democrática si no está firmemente vinculado al Estado de Derecho e inspirado en el espíritu republicano. No existe democracia plena sin el debido equilibrio y respeto mutuo entre los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), sin el control transparente de las prácticas y cuentas del gobierno, sin un sistema político partidario plural y representativo que vigorice el debate público en torno de las principales cuestiones de la agenda, sin libertad de expresión y, por último, sin una ciudadanía que exija el cumplimiento de la ley y oriente su comportamiento electoral por el bien común y no por el simple interés particular o sectorial.

 Observando, por ejemplo, la democracia realmente existente en países como Costa Rica, Chile o Uruguay, por un lado, y en países como Venezuela, la Argentina o Ecuador, por el otro, se comprueba que, en la última década, el continente se ha sumergido en un proceso de creciente diferenciación, donde a pesar de que todos los países realicen elecciones periódicas, algunos avanzan en la dirección del Estado de Derecho, y otros, en el de la personalización de la política y en la consiguiente apropiación de aparatos del Estado por parte de grupos de apoyo del gobierno. Y Brasil -que como potencia emergente regional tendría el poder para desequilibrar definitivamente la balanza de la democracia en la región- ¿está consolidando su democracia? Esta es la pregunta más importante que el último año del gobierno Lula y la reciente campaña electoral pusieron en evidencia. La paradoja que vive hoy Brasil es asombrosa. En la medida en la que el consenso interno actual parece reducir al régimen democrático a un simple ejercicio electoral, la mayoría del pueblo está siendo llevada a concluir que vive en el mejor de los mundos posibles, al mismo tiempo que pierde la capacidad para percibir y reprobar los reiterados ataques al Estado de Derecho que ejecutan  sus propios gobernantes. La tremenda personalización de la política realizada por el Presidente Lula en los últimos tiempos introdujo a Brasil en una tendencia cuyo resultado final es imprevisible, pero que, ciertamente, implica una retirada en relación con los anhelos de una democracia plena manifestados en los años 80 y 90. La decadencia de la democracia ocurre exactamente en el momento en que la ciudadanía empobrece su espíritu republicano a tal punto que deja de percibir el antirepublicanismo de sus elites políticas. O, en otras palabras, cuando el Gobierno no respeta los derechos de la oposición y pretende su perpetuación en el poder a cualquier costo sin que la sociedad civil consiga reaccionar. Si hay algo que caracteriza a la tendencia democrática republicana en el siglo xxi es su voluntad de evitar la tentación de reemplazar a las instituciones por los hombres. La otra tendencia, inaugurada en la región por países como Venezuela, la Argentina y Ecuador, y a la cual Brasil puede sumarse en poco tiempo, trivializa esa perpetuación como una consecuencia necesaria de su personalización de la política.

RELACIONADOS

Deixe um comentário